La falta de personal obliga a los vecinos a desplazarse varios kilómetros para ser atendidos. Esta crisis se prolongará, como mínimo, durante el mes de diciembre de 2025.
La noticia del cierre de 18 de 21 consultorios en la Sierra de Albarracín (Teruel) por falta de personal médico pone en evidencia la tesis de la «ciudadanía de segunda» en las zonas de baja densidad demográfica. Pese a los esfuerzos administrativos, la inestabilidad y la precariedad de la atención sanitaria está creando una identidad basada en el agravio que es más poderosa que cualquier dato de inversión pública.
Vista general de las casas de teja de Albarracín (Teruel), pueblo actualmente afectado por la crisis sanitaria. / (Imagen de meipakk en Pixabay)
El impacto de este desmantelamiento es directo y se produce en vísperas del invierno, momento en que el acceso por carretera en la comarca dispersa de Albarracín se vuelve más complicado. La asistencia presencial ha quedado concentrada únicamente en los Puntos de Atención Continuada (PAC) de las localidades principales, lo que obliga a miles de aragoneses a largos desplazamientos. Aunque los ciudadanos de la Sierra de Albarracín tienen los mismos derechos que uno de Madrid, la falta de estabilidad en los servicios esenciales los coloca en una posición de desigualdad funcional.
El análisis de esta brecha ha sido abordado por Sergio del Molino, periodista y autor del exitoso libro “La España vacía» (2016). Del Molino subraya que la situación en Aragón no es solo una crisis de gestión o de recursos humanos, sino una fractura en los derechos básicos.
«Esto no es un problema de geografía ni de demografía, es un problema de democracia, de derechos y de igualdad«, afirma el periodista Sergio del Molino.
El autor matiza que, si bien no existe un «abandono total» o una «conspiración» intencional para vaciar los pueblos, la dificultad de gestionar servicios en estas zonas es el factor clave. La asistencia acaba llegando, pero a un gran coste: «Los servicios llegan, lo que pasa es que llegan de forma más cara. A lo mejor, en lugar de una ambulancia, tiene que venir un helicóptero. Eso cuesta muchísimo más y es más complicado de mantener.”
Vista panorámica de Albarracín (Teruel). La comarca se extiende por un territorio montañoso y disperso, factor que complica la prestación de servicios sanitarios básicos a sus habitantes./ (Imagen se Siggy Nowak en Pixabay)
La inestabilidad sanitaria, sumada al déficit crónico de servicios como la escuela o el transporte, tiene un efecto directo en la despoblación al inhibir el regreso o el asentamiento de la población joven y productiva. El problema, según Del Molino, no es solo la falta de plazas de trabajo, sino que la inseguridad en la calidad de vida bloquea la toma de decisiones vitales.
El experto señala que el sentimiento de agravio es un motor social más fuerte que cualquier dato de inversión. El análisis de cómo la crisis sanitaria contribuye a esta dinámica social se centra en varios puntos clave:
- El Sentimiento de Ciudadanía de Segunda: La tesis del autor se basa en que, aunque el ciudadano rural tiene los mismos derechos en la Constitución, la disparidad en la calidad y la accesibilidad de los servicios lo coloca en una posición de desigualdad funcional. El hecho de tener que recorrer decenas de kilómetros o depender de una logística para una simple consulta, crea la convicción de que su tiempo y su vida valen menos que los de un habitante urbano, siendo este sentimiento casi imposible de revertir con datos de inversión.
- El Poder del Sentimiento sobre los Datos: El experto afirma que el daño emocional ya está hecho: «Convencer a los ciudadanos que se sienten de segunda de que no lo son es imposible». Aunque el Estado demuestre inversiones, la experiencia de no tener un consultorio cercano anula el dato.
- La Creación de una Identidad de Agravio: Los sentimientos anteriores son tan fuertes y poderosos que crean una identidad colectiva. En palabras del autor, “se forja una nueva hermandad social en torno al abandono”.
- Inhibición de la Productividad: El factor sanitario afecta directamente a la parte más productiva de la pirámide demográfica. Las familias jóvenes que buscan oportunidades laborales en el medio rural se retraen ante la falta de seguridad en servicios básicos como la salud, la educación o la vida laboral.
El autor es contundente al analizar la inversión en macro-plantas renovables y el debate del colonialismo energético: «Se está priorizando la necesidad de Iberdrola o de Endesa por encima de las necesidades de los habitantes de la Alcarria. Es así, nada más, no hay otra.» Del Molino argumenta que el poder del capital impone “su agenda” por encima de las necesidades básicas del ciudadano rural.
Finalmente, Del Molino insiste en que, pese al crecimiento del desequilibrio demográfico, la solución “no vendrá de una varita mágica o de grandes planes de choque”. La clave reside en la sensibilidad social. El periodista ve necesario un consenso que haga «intolerable» la desigualdad funcional y que oriente la política a moderar estas carencias. La crisis en Albarracín es un recordatorio de que el coste de la inestabilidad sanitaria y el resentimiento social es mucho más alto que el de cualquier inversión pública.
