El presupuesto duplica al del plan anterior, mientras millón y medio de personas siguen sin acceso a ninguna biblioteca en España
El Ministerio de Cultura presentó el pasado mes de junio ¡Leer es un derecho!, el Plan de Fomento de la Lectura 2026-2030, que duplica el presupuesto del plan anterior (2021-2024) hasta los 82,7 millones de euros y se articula en cinco ejes: acceso a la lectura, sostenibilidad y bibliodiversidad, lectura y salud, infancia y adolescencia, e internacionalización. Cien medidas en total, con el entorno rural, la salud mental y los jóvenes como algunos de sus focos declarados.
“La biblioteca rural, la biblioteca pública en general, es una parte de la solución al reto demográfico”, afirma Roberto Soto Arranz, coordinador del Grupo de Trabajo de Especial Atención al Medio Rural del Ministerio de Cultura, presidente de ACLEBIM —la asociación española de bibliotecas móviles— y jefe de Coordinación de Bibliotecas en la Diputación de León, en una entrevista exclusiva con TRAMA.
Un derecho que nadie exige
Soto insiste en un matiz que, según él, lo podría cambiar todo: el acceso a la cultura reconocido como derecho, pero no como una obligación; a diferencia de la educación. “Tengo derecho a la salud, pero si no quiero, puedo renunciar a ese derecho. Sin embargo, la educación es obligatoria, y nadie se tira de los pelos por eso. El acceso a la cultura no solo no es obligatorio, sino que todo el mundo da por sentado que si no te lo dan, no pasa nada. Y eso hay que cambiarlo”, comenta Roberto.
El Grupo de Trabajo que coordina desde 2019 elaboró varios informes que cruzaron datos de despoblación con mapas bibliotecarios, disponibles públicamente en la web del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. Esos informes constatan que el 12% de la población española ocupa el 70% del territorio, y que casi la mitad de los municipios del país están en riesgo de desaparición según los baremos de la Unión Europea, la misma amenaza que ya está dejando sin patrimonio que contar a cientos de pueblos españoles.
Cruzando esos datos con la distribución de bibliotecas, el Grupo llegó a una conclusión que Soto resume así: “Vimos comparativamente con mapas que allí donde menos bibliotecas hay es donde más despoblación se produce”. Y de ahí que su propuesta central para este nuevo plan sea convencer a las administraciones de que la biblioteca rural no es un extra cultural, sino parte de la solución al reto demográfico.
¿Los bibliobuses como posible solución a la despoblación?
Frente a esa lógica de rentabilidad, Soto defiende el modelo de bibliobús como “una fórmula sostenible” y, a su juicio, la única realista para atender a la población más dispersa. El argumento económico es directo: con la inversión de un único servicio itinerante se puede atender a decenas de municipios pequeños donde construir una biblioteca fija en cada uno no sería viable. Solo los seis bibliobuses de León —con dos sedes separadas por 120 kilómetros entre sí— cubren 400 poblaciones.
Pero para Soto el ahorro no es el único argumento a favor del bibliobús, ni siquiera el principal. Insiste en su función social: en los pueblos que visita, describe el bibliobús como el primer —y a veces único— espacio público de calidad que queda. Un lugar de encuentro, sobre todo en invierno, cuando las personas mayores salen menos a la calle por miedo a resfriarse y el vehículo, con la calefacción puesta, se convierte en la excusa perfecta para verse y ponerse al día. Esa socialización tiene un efecto directo sobre el arraigo al territorio, y también ayuda a cerrar otra brecha del medio rural: la digital, que sigue dejando fuera a buena parte de la población rural.
Frente a la pregunta de cuántos municipios en España siguen sin ningún punto de acceso a la lectura —ni biblioteca ni bibliobús—, Soto responde con una cifra que coincide con la que manejan los propios informes del Consejo: en torno a un millón y medio de personas viven todavía sin ningún servicio bibliotecario. Y esa cifra, subraya, está concentrada casi por completo en el medio rural.
“Ese millón y medio de habitantes sin servicio es el medio rural si está desatendido, es porque no es rentable”, concluye Roberto Soto, coordinador del Grupo de Trabajo de Especial Atención al Medio Rural del Ministerio de Cultura
La ley que quieren cambiar: de 5.000 a 2.000 habitantes
La Ley de Bases del Régimen Local obliga actualmente a los ayuntamientos a tener biblioteca pública municipal solo a partir de los 5.000 habitantes. El Grupo de Trabajo propone bajar ese umbral a 2.000, una medida que crearía unas 200 bibliotecas nuevas. Según Soto, la Federación Española de Municipios y Provincias ya ha aceptado la propuesta, y el Ministerio de Cultura la ha trasladado al Gobierno. El obstáculo, de momento, es presupuestario.
¿Puede una biblioteca hacer que una familia se quede en el pueblo?
Frente a las políticas puramente económicas contra la despoblación —subvenciones, incentivos empresariales—, Soto defiende que la biblioteca ofrece algo que esas medidas no dan: vida comunitaria.
Es el mismo tipo de arraigo que buscan, por otras vías, iniciativas como Aldealista, la plataforma que conecta a familias con pueblos de la España vaciada. Desde clubes de lectura hasta talleres de impresión 3D, robótica para frenar la fuga de talento joven o bibliotecas rurales bien gestionadas con profesionales se puede convertir en el centro social de un pueblo.
Para Soto, esa es, en el fondo, la apuesta real detrás de cualquier plan de lectura que aspire a cambiar algo en el mundo rural: “No abandonas el pueblo por las casas. El pueblo es la gente. Y eso es lo que hacen las bibliotecas: cohesionar comunidad”.
