Consecuencias del envejecimiento en la población rural

El despoblamiento rural y la ‘España Vacía’ son un tema central en la agenda política y social. El Principado de Asturias ha tomado medidas aprobando un nuevo decreto que regula el empleo público temporal. Destina 300.000 euros en subvenciones para concejos en riesgo de despoblación en España. Sin embargo, la eficacia de estos incentivos es cuestionada por expertos. Así mismo, el Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Oviedo, Fernando Collantes, apunta que “no deberíamos exagerar la importancia de los incentivos económicos directos”. Según él, una pequeña subvención no basta para revertir los factores de fondo que provocan la despoblación.
El experto define el fenómeno de la despoblación en España como un proceso “muy intenso”. Este movimiento ha llevado a amplias zonas del país a tener densidades demográficas extremadamente bajas. Este proceso es bastante extremo en comparación con la población que estas comarcas tenían hace un siglo o siglo y medio. Collantes advierte que, a pesar de las medidas tomadas, la despoblación está “llamada a continuar” por la fuerte inercia demográfica del sistema, debida a:
- Estructura envejecida: La pirámide de edad en las comarcas rurales está “muy envejecida”, por lo que, “las defunciones seguirán siendo muy superiores a los nacimientos”. Esto supone una “losa de partida” que hace imposible una reversión rápida.
- Crecimiento vegetativo negativo: Un cambio reciente donde el saldo natural ya no es positivo en España.
- Estancamiento urbano: “Si la población urbana ya tiende al estancamiento, las zonas rurales lo tienen aún más difícil para competir”, afirma el Catedrático.
Por ello, la clave está en “asumir que la despoblación es algo relativamente normal en muchas zonas y en gestionarla adecuadamente”.
Collantes valora el impacto de las subvenciones del Principado y los trabajos temporales para fijar población. No obstante, insiste en que no se debe “exagerar la importancia de los incentivos económicos directos frente a los factores estructurales de fondo”. El experto detalla que la decisión de localizarse en un lugar depende de:
- La afinidad personal
- El mercado laboral local
- El acceso a la vivienda
- Las oportunidades de emprendimiento
- La vida social
“Hay que tener cuidado con pensar que todo se arregla con dinero para individuos; es un problema colectivo que requiere medidas colectivas”, añade el experto.
Sobre la coherencia de las políticas regionales, Collantes lamenta que la principal falta en España sea «haber olvidado la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural aprobada hace casi 20 años», una ley con un enfoque «muy interesante» que promovía la revitalización y el impulso empresarial mediante colaboración público-privada.
Collantes defiende un modelo de desarrollo territorial que financie iniciativas «desde abajo», destacando el enfoque LEADER de la Unión Europea como un modelo económico y colaborativo público-privado que «se adapta bien a las necesidades rurales». Señala que, dado que no ha habido hasta ahora «ninguna política pública con impacto decisivo para revertir las tendencias demográficas», el debate no es «más o menos despoblación».
El objetivo real de las políticas contra la despoblación debe ser mitigar los problemas que sufren los habitantes de la España rural: la falta de servicios, dificultades de vivienda o empleo. Así pues, el experto advierte de la dificultad de medir la eficacia de las acciones, ya que «no se debe recurrir a indicadores cuantitativos simples» por el riesgo de atribuir a las políticas cambios que dependen de otras variables, como el desarrollo inmobiliario. Aunque percibe las iniciativas actuales como una «pléyade de medidas descoordinadas», Collantes concluye que, si estas medidas no funcionan, «quizás puedan implantarse otras más sistemáticas posteriormente».

